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Una historia entre muchas: testimonio sobre los rohingyas

Lecciones de liderazgo: planteamientos de la justicia penal para prevenir las atrocidades masivas

En este video, Wai Wai Nu describe las interacciones de su familia con el sistema de justicia penal de Birmania que precedió al genocidio de los rohingyas en 2017.

Este video es en inglés con subtítulos en francés y español.

Transcripción

- [Wai Wai Nu] El lugar de donde soy, el estado de Rakhine en Birmania, Myanmar, es donde muchas comunidades étnicas, especialmente los budistas y musulmanes, han vivido juntos como vecinos durante generaciones por miles de años.

Todo comenzó en 1962, cuando un general llamado U Ne Win dio un golpe de estado e introdujo una forma más estratégica de divide y vencerás en el estado de Rakhine. Más tarde, los líderes militares atacaron específicamente a los rohingyas con muchas formas de políticas y leyes discriminatorias que incluyeron la creación de una nueva ley de ciudadanía, que decía que solo las nacionalidades étnicas birmanas son ciudadanos del país.

Por lo tanto, de forma predeterminada, los rohingyas que eran ciudadanos del país, que eran poblaciones indígenas del país, se convirtieron automáticamente en no ciudadanos. Los militares básicamente usaron esta narrativa popular de que los rohingyas se hacinaban en el norte del estado de Rakhine porque se trasladaban ilegalmente de Bangladesh a Myanmar. Con esa narrativa, intentaron borrar nuestra identidad, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gente y todo.

Desde entonces, el malentendido y la desconfianza entre las dos comunidades han crecido. Al terminar mi escuela primaria, mi familia y yo nos mudamos a Rangún, la capital de Birmania. En el estado de Rakhine en esos momentos, a principios de la década de 1990, muchos de los funcionarios públicos fueron gradualmente expulsados de sus servicios uno a uno. En el pasado, habíamos tenido jueces, abogados, médicos, gobernadores, policías. Así que expulsaron completamente, borraron la participación de los rohingyas en el sistema de gobierno, y con ello, los gobiernos locales y las fuerzas del orden empezaron a penalizar la vida o las actividades de los rohingyas. Detenían a las personas con denuncias falsas y nunca regresaban, y a la gente la mataban en las prisiones.

En la etapa inicial del genocidio, nuestra comunidad no se dio cuenta. Estas cosas fueron sucediendo gradualmente y no pudimos documentar  todas estas situaciones. Como mi padre era un líder político, Yo oía todas las historias.

La gente le decía que su hija había sido violada por la policía o los soldados y la gente estaba siendo asesinada. Yo escuché todas estas historias y pensé que si estudiaba leyes podría hacer justicia para esta gente. Como fui a la secundaria en Rangún, logré que me admitieran en la escuela de leyes.

En mi segundo año en la escuela de leyes, me arrestaron, junto con mi padre, mi mamá, mi hermana y mi hermano. Yo solo tenía 18 años. Mi padre fue condenado a 47 años y al resto de nosotros nos condenaron a 17 años. Era muy obvio que nos habían arrestado porque éramos rohingyas. Nos acusaron de habernos mudado de Rakhine a Rangún sin permiso. La jueza simplemente ignoró todo lo que dijimos. Ya tenía un veredicto escrito para nosotros y nos negó nuestro derecho a apelar.

Recuerdo que un abogado,un amigo de mi padre, vino a representarnos y ni siquiera se le permitió entrar al tribunal ni al edificio de la corte. En esos momentos, bajo el mando militar, se hacía lo que ellos dijeran y decidieran. Cuando dimos nuestro testimonio, el secretario y el juez debieron haber escrito todo lo que dijimos, pero decidieron no hacerlo.

Las leyes en los libros no no eran tan malas, en realidad. De hecho, muchas de estas prácticas discriminatorias no estaban escritas en los libros. Eran órdenes locales secretas, así que yo no podía entender y comprender lo que pasaba si simplemente leía los libros de leyes.

A mi familia y a mí nos liberaron de prisión en 2012, después de casi siete años, bajo la amnistía presidencial. Aunque no nos torturaron gravemente dentro de la prisión, nos negaron atención médica y nos torturaron mentalmente.

Si nos hubieran encarcelado en el estado de Rakhine, es posible que ya hubiéramos perdido a nuestros familiares.

En 2012, cuando tuvimos la llamada transición política, fue cuando los militares comenzaron a alimentar el odio y la propaganda en una campaña más activa utilizando redes sociales, medios impresos y todas las herramientas que tenían. Los jueces o el fiscal o la policía escribían discursos de odio en Facebook.

En 2017, vimos ataques violentos a mucha mayor escala contra los rohingyas, y miles de personas fueron asesinadas y a las mujeres las violaron, y a los niños los masacraron, e incendiaron unos 400 pueblos.

Antes de 2012, hubo muchas señales de advertencia: expulsiones de ONGI, el despliegue de fuerzas militares al estado de Rakhine, llevándose hasta los cuchillos caseros de los rohingyas y quitando las vallas de las casas de los rohingyas para que no hubiera privacidad para la comunidad y se volvieran extremadamente vulnerables. Sin embargo, no se tomaron medidas dentro del país ni por parte de la comunidad internacional.

El genocidio contra los rohingyas no habría sido posible si los sistemas de justicia penal y judicial en su conjunto no hubieran estado involucrados.

Así que la historia de mi familia es una de las historias de muchos miles y miles de experiencias de los rohingyas.